El principio del fin del “cuponazo cervical”

Los accidentes falsos, inducidos e inventados han crecido un 80% desde que comenzó la crisis, pero la nueva ley de valoración, que entró en vigor en enero de este año, ha reducido el número de indemnizaciones.

 

Desde que comenzó la crisis, el “cuponazo cervical” ha repartido indemnizaciones a diestro y siniestro. ¿Los agraciados? Todos aquellos que juegan a los coches de choque en Cantabria buscando un accidente.

Sin embargo, en enero de este año entró en vigor la modificación de la ley 35/2015 del 22 de septiembre que reforma el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. La reforma ataca directamente a los pequeños golpes: las cervicalgias, que ocupan la mayor parte de las reclamaciones. “Este nuevo baremo lo que solicita es una mayor exigencia. Ahora se tratan con más cuidado y se intenta limitar el pufo grande que había en la calle”, explica el abogado cántabro José María Iglesias, de Mouro Abogados.

La reforma de la ley, sumado a que el lesionado debe interponer un pleito civil si quiere percibir indemnización, ha reducido en lo que va de año el número de perjudicados en accidentes de tráfico. “Hubo una época en la que cada parte de accidente que entraba por la puerta traía un lesionado. Era muy difícil encontrar uno sin heridos. Y claro, al final han pagado justos por pecadores”, explica Pablo González, de Seguros Helvetia Ruiz Barroso.

Pero es complicado cerrar el grifo de golpe. Solo el año pasado los intentos de fraude al seguro tuvieron un impacto de 550 millones de euros en España. “Hemos visto casos de ciegas conduciendo y familias enteras lesionadas”, cuenta Decan (pseudónimo), uno de los 14 detectives privados con licencia que ejercen en Cantabria. “Llevo 30 años cazando caraduras”, apunta.

En 1978 se conocía a estos profesionales como los ‘cazabraguetas’ porque iban detrás de maridos infieles, cuando el adulterio, bajo el mandato de Adolfo Suárez, era delito. Ahora, sin embargo, cada vez se les ve más en procedimientos judiciales porque “el investigador llega a donde el abogado no puede llegar”, dice una detective, que trabaja en el mismo despacho que Decan.

“Ayer mismo le he dicho a una chica que no la trataba más. Llevaba cuatro años seguidos viniendo por accidentes“, explica un fisioterapeuta de Santander, que prefiere mantener el anonimato. Su ética profesional no le permite hacer la vista gorda una vez más. “Curiosamente se ha chocado con su hermano y la anterior vez con su madre”, cuenta. Los profesionales que tienen que tratar a estos actores improvisados saben perfectamente quién miente y quién padece una lesión real. “Intentan engañarte, pero ves que hacen movimientos que son incompatibles con la lesión de la que se quejan”, explica un segundo fisioterapeuta de la capital cántabra.

Con la crisis, el número de accidentes simulados, inducidos e inventados, así como los siniestros fortuitos en los que los perjuicios fueron exagerados, ha crecido en un 80%. “Y los de ‘ya que me han dado por detrás aprovecho y meto cuello'”, apostilla Decan. La Ley de Protección de datos impide a la compañía de seguros obtener detalles de su asegurado, “así que hay gente que vive de tener accidentes cambiando de compañía”, explica una detective cántabra.

Durante 2015, en España se realizaron cerca de 306.000 reclamaciones fraudulentas al seguro. Según la Asociación Empresarial del Seguro (Unespa), más de la mitad de las cantidades reclamadas proviene de accidentes de tráfico. Cuando se mide la huella del fraude tomando como referencia las cantidades que se aspira a defraudar, el seguro del automóvil se sitúa en cabeza. Este ramo concentra más de la mitad de los importes reclamados de manera ilícita (53%).

El informe ‘El fraude en el seguro español’, publicado por el servicio de estadísticas y estudios del sector de seguros en España, muestra cómo, por cada euro invertido en investigar los casos sospechosos, las aseguradoras logran evitar el pago de 32.90 euros en indemnizaciones indebidas. Pero “el detective cuesta una pasta”, apunta González.

Decan y su colega discrepan. “Las compañías de seguros pagan poco y a la mínima nos llaman, sobre todo intervenimos en accidentes con cuantías elevadas”.

“Accidentes múltiples no cojo. Me vienen cuatro lesionados, todos sin trabajo. Estafa montada. Siempre es gente parada”, explica el fisioterapeuta. Algunos siniestros cantan tanto que hasta los que tramitan los partes se echan a reír. González pone un ejemplo: “Se lesiona el número máximo de ocupantes del vehículo en una calle poco transitada. En la avenida del faro, justo ahí, que no suele haber tráfico…”.

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Ciberdelito

OAQUÍN ÁNGEL DE DOMINGO MARTÍNEZ Me gusta mi país a pesar de que aquí no dimite ni el Tato aunque no te apoyen ni los tuyos o hayas fracasado en tus tareas. Ni aunque no se tenga sentido de Estado para ciertas cosas. Este país, donde el mismísimo rey ahora emérito es grabado en sus conversaciones de teléfono móvil desde su coche oficial. O donde un ministro del Interior es espiado dentro de su propio despacho oficial, con otro político. Si a ellos les pasa eso, qué será de los mismos mortales pero sin tanta garantía; se supone que los demás cuando hablamos por teléfono o estamos en un bar de chascarrillo. El mismo país donde un casi adolescente Nicolás pone en jaque a la inteligencia del Estado. Pues eso, que no estamos muy seguros, en esta materia. A lo mejor será por eso de la modernísima transparencia que impera en todos los organismos públicos, salvo, claro, que convenga no decir nada por ser un momento crítico, en cuyo caso esa transparencia se opaca inmediatamente.

Supongo que en todos los países cuecen habas, y que en algunas partes del territorio nacional que no es nuestra Región, calderadas. Y todo ello a pesar de que el Código Penal, arrea lo suyo con los ciberdelitos. Y, sin embargo, está sucediendo que ese cibercrimen se ha duplicado en el último año. Dicen las estadísticas (espero que sean las que aciertan, no como las de las últimas elecciones generales, que se cubrieron de gloria y de descrédito), que los ataques a las infraestructuras del Estado han crecido más de un 100%, o lo que es igual, en el 2015 se intentaron más de 15.000 ataques a los sistemas informáticos.

La consecuencia de todo esto es que el Gobierno en funciones (ya más de docientos días, igualico que en Gran Bretaña) ha puesto en funcionamiento una Oficina de Coordinación Cibernética para evitar que los delitos cometidos a través de Internet sobrepasen los 50.000 anuales y que los menores sean sus principales víctimas, produciéndose incluso una rebaja en la edad que llega hasta bajar de los 16 años, que hasta ahora era la edad para sufrir los delitos más frecuentes a través de la Red.

A saber, amenazas, insultos, coacciones, y delitos sexuales. Sin olvidar las interceptaciones ilegales causadas por listos en informática que se aprovechan de sus conocimientos para cometer auténticos delitos, como cuando se divorcia una pareja o muere una persona. De todas formas la edad corriente es la comprendida entre los 26 y 40 años. Lo cual no consuela nada, pero sí que se estén especializando las Fuerzas de Seguridad del Estado en la investigación de estos delitos. Las Comunidades autónomas donde más delitos de este tipo se cometen son Madrid y Andalucía, y la tercera, Valencia. Bien por Murcia, donde al menos en esto no destacamos.

Por eso, los tiempos han cambiado una enormidad. Ya no se pone uno peluca (salvo que estés como una bola de billar) o te escondes tras un periódico con agujeros para espiar a una persona. Ahora se acude a detectives privados sobre todo para ver si el trabajador en incapacidad temporal está de verdad mal. Y un paso adelante es esta vigilancia internatuta, generalmente con fines económicos directos o indirectos, que siempre precisa autorización judicial.

Las claves para buscar a una persona desaparecida

La Asociación Profesional de Detectives Privados de España (APDPE) en coordinación con el Instituto de Probática e Investigación Criminal, organiza un curso sobre la investigación de desaparecidos pues han detectado una necesidad real de formación en este sentido, en el que se encuentra un amplio campo para la investigación privada, aunque no sólo de interés para estos profesionales.

shutterstock_454501957Se trata de proporcionar al profesional de la investigación privada, que toma parte en una averiguación de desaparecidos, una formación acorde con el tema que debe tratar, para que vea las dificultades a las que deberá hacer frente y la mejor forma de afrontarlas; la necesidad de averiguar cómo se desarrolló el suceso, así como, conocer, de la mano de profesionales, entre los que se encuentran investigadores, abogados, juristas, psicólogos y peritos en probática de reputado prestigio, que han participado activamente en la resolución de casos de desaparecidos de una gran repercusión social y mediática, los conocimientos que han ido atesorando a lo largo de su experiencia profesional. Ya que el futuro de este tipo de investigaciones estará en manos de los detectives privados en un horizonte no muy lejano, es el momento de apostar por dicha formación.

Los alumnos llegarán a conocer la importancia que tiene todo ese mundo. Comprobarán quiénes son los actores que intervienen, en calidad de qué y la percepción que cada uno de ellos tiene del suceso, así como la incidencia que tienen en la investigación.

Se analizará la metodología de las hipótesis en una desaparición, y la repercusión de ésta en los medios de comunicación, teniendo en cuenta la tensión que crea en los investigadores, en la instrucción y en la propia sociedad.

Además, se debatirá en torno al análisis de casos reales pues, de la experiencia y de los errores también se aprende, pudiendo contar con los familiares que necesitaron o contrataron a Detectives Privados y las dificultades a las que hubieron de hacer frente.

Un detective asegura que Madeleine McCann está en Paraguay

Un investigador asegura que Madeleine McCann está en Paraguay pero el gobierno lo desmiente
Un investigador asegura que Madeleine McCann está en Paraguay pero el gobierno lo desmiente. Foto: Archivo
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ASUNCIÓN.- Madeleine McCann es noticia desde 2007, cuando desapareció mientras estaba de vacaciones en Portugal junto a su familia. La última vez que sus padres la vieron dormía junto con sus hermanos mellizos en un departamento de la localidad de Praia Da Luz; mientras ellos cenaban en un restaurante cercano con un grupo de amigos, ella desapareció en circunstancias que hasta hoy son desconocidas. Era la noche del 3 de mayo y tenía 3 años.

Desde entonces, sus padres llevan adelante una campaña sin precedentes a nivel mundial para encontrarla.

Hacía tiempo que no había novedades en el caso.

Foto: Archivo

Hasta ayer, día en que un investigador privado que viajó a Paraguay en busca de la niña británica aseguró haberlo visto.

El caso de la menor desaparecida es revuelo informativo en Paraguay después de que el diario ABC Color publicara una entrevista con el supuesto investigador, que dijo proceder del Reino Unido y llamarse Miraz Ullah Ali.

Allí se señala que Ulla Ali estuvo el pasado fin de semana en la localidad paraguaya de Areguá, donde, de acuerdo con sus informaciones, la niña estaba viviendo desde hace dos meses en esa localidad y en casa de una mujer.

En Areguá, a unos 28 kilómetros de Asunción, el supuesto detective hizo varias fotografías y luego abandonó el país, según el medio.

En la entrevista, el hombre no dijo para qué empresa trabajaba o a quién representaba, aunque comentó que había una recompensa de dos millones de euros para quien encontrara a la niña y facilitó un número de teléfono que publica el diario paraguayo.

Sin embargo, el comisario Luis Ignacio Arias, de Interpol Paraguay dijo que su oficina no tiene ninguna información sobre la identidad de esa persona y tampoco pistas o informaciones sobre el presunto paradero de la niña en el país sudamericano. “No hay nada concreto sobre esta persona”, declaró Arias, quien dijo que seguramente entró como turista al país y que tampoco se dirigió a la Policía Nacional o a la Cancillería.

Horas después, el viceministro de Seguridad Interna de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó que no existen indicios de que Madeleine se encuentre en el país. El Departamento de Interpol de la Policía Nacional solo tiene comunicación de búsqueda y localización de la niña, pero sin novedades hasta ahora, indicó el funcionario.

El intendente de la ciudad de Areguá, Denis Torres, también descartó cualquier posibilidad de que la niña esté en esa ciudad. “Nunca escuché ni rumores al respecto y tengo entendido que la Policía tampoco”, agregó el gobernante municipal paraguayo.

El viceministro Rachid cuestionó al supuesto investigador y afirmó que lo único que hizo fue sacar fotos en Areguá y “se fue con las manos vacías”.

 

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Cuenta atrás en Azvalor para “fichar a Messi”

En Azvalor, la firma que montaron los herederos de Bestinver Fernando Bernad yBeltrán Parages el pasado mes de octubre, y a la que se unió en noviembre Álvaro Guzmán de Lázaro, tienen marcado en el calendario el día en el que su ‘patriarca’ quedará libre tras dos años de exilio y aislamiento. El próximo 22 de septiembre,Francisco García Paramés, el que fue el alma máter de la gestora de Acciona, termina su contrato de no competencia que la familia Entrecanales se ha preocupado mucho de que cumpla escrupulosamente.

Tanto es así que apenas un mes después del divorcio más sonado de la industria de los fondos de inversión, y ante los rumores de que el gestor estrella de Bestinver pudiera poner en marcha su propio proyecto en un momento en el queAcciona corría serio peligro de que sus clientes la abandonaran su firma para irse detrás de Paramés, al entonces presidente de Bestinver, Luis Rivera, le faltó tiempo para recordarle al gurú las consecuencias del “incumplimiento unilateral” de las obligaciones contractuales contraídas, por lo que durante al menos dos años no podría ejercer ninguna actividad que supusiera una competencia directa para la gestora.

Tal ha sido el celo de José Manuel Entrecanales y, en su momento de Rivera –fue sustituido en julio de 2015 por Beltrán de la Lastra– que en estos dos años Paramés habría contado en su exilio londinenese con la compañía de un equipo de detectives privados encargados de vigilar que el gestor no incumplía ni una coma de dicho contrato.

Paco va a seguir gestionando, otra cosa es que gestione para Slim o se venga con nosotros… Pero lo lógico es que se pase por aquí

Pero el cronómetro ha iniciado la cuenta atrás y ya comienza a crearse cierta expectación en el sector. No en vano, lo que decía o hacía Paramés en sus carteras era replicado por muchos inversores que confiaban ciegamente en la filosofía ‘investment value’ del gurú y en su capacidad de ver más allá de lo que estaba ocurriendo. Que Paramés va a salir de su hibernación, no hay casi ninguna duda teniendo en cuenta de que es una de esas personas que no puede vivir al margen del mercado, la pregunta es si se unirá a los que fueron sus hombres en Bestinver, con los que mantiene también una relación de amistad tras tantos años trabajando codo con codo, o volará por libre.

“Yo creo que puede volver a ejercer para finales de septiembre. Cumple su contrato de no competencia el 22 de septiembre. No hemos podido hablar con él y puede tener otros proyectos u otras alternativas o lo que sea…”, explicaGuzmán de Lázaro cuando le preguntamos sobre la posibilidad de que veamos en cuatro meses a Paramés cruzar la puerta de sus oficinas del Paseo de la Castellana. “Pero ya con la edad que tenemos y el tiempo que llevamos, 20 años haciendo lo mismo, no sabemos hacer otra cosa. Supongo que Paco va a seguir gestionando, otra cosa es que gestione para Slim o se venga con nosotros… Pero hemos estado mucho tiempo con él y lo lógico sería que se pasase por aquí”, afirma el gestor que también tuvo que cumplir con escrupulosidad su contrato de ‘non-compete’.

De hecho, un hipotético desembarco de Paramés podría provocar que Azvalor no cierre el fondo en los 2.000-2.500 millones de euros que se había planteado inicialmente como objetivo. “Tenemos un límite de capacidad en unos 2.500 millones… Luego ya si fichas a Messi lo mismo podemos hacer 4.000 millones”, concluye.

‘offshore’ para ocultar su dinero durante sus divorcios

 

“Un marido deshonesto es tan estafador como Bernard Madoff”, dijo a ICIJMartin Kenney, un especialista en recuperación de bienes de las Islas Vírgenes Británicas que ha trabajado en representación de esposas de Rusia, el Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. “Las compañías ‘offshore’ y las fundaciones son instrumentos en un juego de ocultación y encubrimiento”.

Durante décadas, los cónyuges -casi siempre hombres que forman parte del1% más rico- han solicitado ayuda a Mossack Fonseca para proteger bienes de sus exparejas, de acuerdo a los documentos.

Los proveedores de servicios ‘offshore’ que sitúan con conocimiento los bienes del esposo lejos del alcance de la mujer pueden ser denunciados, dicen los expertos. Michelle Young, que ha empleado siete años y ha gastado millones de dólares en localizar los bienes de su exmarido, el agente inmobiliario Scot Young, que usaba Mossack Fonseca y otras compañías ‘ofsshore’, asegura que “es un deporte sangriento”, ya que “a no ser que tengas dinero, estás muerta y enterrada”.

Separaciones que mueven mucho dinero

Dmitri Rybolovlev se casó con Elena, una compañera de la que se había enamorado en una universidad en los Urales, en 1987. Durante los siguientes 20 años, la pareja tuvo dos hijos, se mudó a Suiza e hizo fortuna. En diciembre de 2008, Elena pidió el divorcio. Según la ley helvética, cada cónyuge tenía derecho a partes iguales de la riqueza a repartir. Decidir qué bienes serían parte de la separación no fue sencillo. A medida que su riqueza había aumentado, también lo había hecho una compleja red de compañías ‘offshore’.

Por ejemplo, en 200 2 Mossack Fonseca había incorporado Xitrans Finance Ltd, en las Islas Vírgenes Británicas. La compañía ‘offshore’, que no era más que un apartado de correos en la soleada Tórtola, se convertía en una sala del Louvre en lo que concernía a sus bienes: poseía pinturas de Picasso, Modigliani, Van Gogh, Monet, Degas y Rothko. Cuando el matrimonio se rompió, según las notas de una vista judicial incluidas en los documentos revisados por ICIJ, Dmitri usó Xitrans Finance Ltd para mover sus bienes de lujo de Suiza a Singapur y Londres, fuera del alcance de su mujer. En 2014, después de años de disputa legal, un juzgado suizo recompensó a Elena con 4.500 millones de dólares. La apelación redujo la cantidad a 600 millones.

Las esposas no son inmunes a la tentación de utilizar escondrijos ‘offshore’. En 2004, el personal de Mossack Fonseca se reunió con Marcela Dworzak, la esposa del general retirado Antonio Ibárcena Amico, antiguo jefe naval de Perú y amigo de Alberto Fujimori. Este había sido encarcelado poco después del fin del régimen de Fujimori. Los documentos muestran que en Mossack Fonseca estaban preocupados por un reportaje que aseguraba que el marido de Dworzak había usado una compañía ‘offshore’ para lavar dinero con bienes inmuebles a través de Alverson Financial SA. Para clarificarlo, Dworzak visitó los cuarteles de Mossack Fonseca en Panamá. Con los abogados a su lado, aseguró a los empleados que Alverson Financial SA era su compañía y que todo había sido realizado “de forma transparente, legal y limpia”. Sus compañías servían para esconder sus bienes de su marido.

Como ocurrió con los Rybolovlev, el divorcio de Nichola Joy y Clive Joy-Morancho, un magnate de la aviación nacido en Zimbabue, fue caro y muy publicitado. La pareja se separó en diciembre de 2011 después de cinco años de matrimonio y tres hijos. Joy-Morancho aseguraba que se arruinaría si era obligado a satisfacer las demandas de su exmujer, 40 millones de dólares en bienes. Los documentos muestran que Mossack Fonseca había sido parte del entramado ‘offshore’ de Joy Morancho durante años. La firma tiene cientos de miles de correos electrónicos y documentos sobre Joy-Morancho y las operaciones ligadas con él desde 1997. “No sabía lo que era un fondo fiduciario cuando me casé con él”, ha asegurado Nichola Joy a ICIJ en un ‘email’. “El problema es que el coste de combatir esta injusticia me impide hacer nada y mi exmarido lo sabe. La ley tiene que cambiar, estas sociedades ‘offshore’ son una burla a la justicia”.

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Lo grabado sin avisar por cámaras de vigilancia también valdrá como prueba

La instalación temporal de cámaras de grabación de imágenes en el puesto de trabajo sin avisar a los trabajadores afectados -sino únicamente al presidente del comité de empresa- debido a la existencia de sospechas fundadas de que el trabajador está robando a la empresa, no vulnera su derecho a la intimidad y a la propia imagen y, por tanto, el despido disciplinario basado en las imágenes es procedente.

Así lo sostiene el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, en esta sentencia de 9 de febrero de 2015, de la que ha sido ponente el magistrado Juanes Fraga, que resuelve un caso en el que un trabajador venía prestando servicios para una tienda de ropa desde junio de 2006. En diciembre de 2012 se hizo un inventario en la empresa, echándose en falta un total de 112 prendas, cifra muy superior al número de faltantes en anteriores inventarios (en torno a cuatro).

En 2013, la dirección empresarial comunicó a la presidenta del comité de empresa que había decidido instalar unas cámaras ocultas que enfocarían a los armarios donde se guarda el producto para así detectar quién o quiénes podían estar apropiándose del mismo. Para la instalación de las cámaras, la empresa acudió a una agencia de detectives privados. Gracias a las grabaciones, la empresa comprobó que el trabajador tenía guardadas varias prendas, que plegó y guardó en bolsas para llevárselas, que coincidían con las echadas en falta en la realización del inventario. Por este motivo, la empresa acordó incoar expediente disciplinario y despedir al trabajador. Tanto el Juzgado de lo Social número 2 de Madrid, como ahora el TSJ declaran la procedencia del despido.

El trabajador impugna como prueba “válida, idónea y proporcional” la grabación de las imágenes porque, en su opinión, se vulnera el derecho regulado en el artículo 18.4 de la Constitución, relativo a la limitación del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal.

A la misma conclusión llegó la Agencia Española de Protección de Datos en el informe emitido como diligencia final -pero no vinculante para el TSJ-. Aquel informe criticaba, además, que no se habían colocado carteles informativos de las zonas de grabación, ni se había notificado a los representantes de los trabajadores.

Sostiene el TSJ que el caso es idéntico al enjuiciado por el Tribunal Constitucional en sentencia 186/00. Dijo en aquel caso el Alto Tribunal que era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte del trabajador de graves irregularidades en su puesto de trabajo); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja y a una duración temporal limitada). Por estos motivos, el Constitucional descartó que se produjera lesión alguna del derecho a la intimidad personal.

Finalidad buscada

Añade además que, en tanto que la instalación de las cámaras atiende a las sospechas fundadas de que el trabajador estaba sustrayendo prendas, “sería absurdo exigir a la empresa una comunicación a los trabajadores de la instalación de las cámaras (…) así como la colocación de carteles de publicidad pues, de esta forma, se arruinaría con toda seguridad la finalidad buscada”. Por ello, continúa el fallo, “hay que considerar admisible la sustitución de la información a los trabajadores por la efectuada al presidente del comité de empresa”.http://www.bcn-detectives.com


Detectives contra el Maltrato

Con una licenciatura en Psicología, el marido acabó “enchufado” en la empresa de su suegro, dedicada a la desinfección. “Mi padre acabó despidiéndole y, acto seguido, él se presentó en las empresas que habían sido clientes para ofrecerles el mismo servicio por menos dinero”, argumenta María del Mar. “Ha estado trabajando muchísimos años en negro para alguna empresa del sector, que le daba los productos químicos para hacer los tratamientos. Por eso, cuando quise divorciarme tuve que acudir a unos detectives. Sobre el papel, yo era la única que percibía ingresos, y al estar casados en gananciales, tenía que compartir todo lo que tenía con mi maltratador“.

En España hay cerca de 1.500 detectives en activo, muchas veces, el único arma de las víctimas para demostrar la violencia económica de sus verdugos. “Todos los meses tenemos casos parecidos, unas veces con maltrato físico o psicológico y otras con violencia económica, que suele aparecer en la separación. El hombre, de forma deliberada, realiza todo tipo de engaños para entorpecer el pago de la pensión compensatoria o de alimentos”, cuenta una agencia de investigadores privados.

¿Cómo se puede demostrar la realidad financiera de un maltratador? “La legislación y la jurisprudencia reconocen nuestras pruebas. En ocultaciones patrimoniales, hacemos una investigación exhaustiva del agresor, verificando su actividad y los posibles negocios o trabajos en los que participa. En muchas ocasiones no aparecen como gerentes de sus empresas, pese a serlo materialmente. También abundan los casos de economía sumergida. Los maltratadores también suelen ser defraudadores. Todo vale para sabotear a la mujer”.

El hecho de que el agresor de María del Mar pasara 37 años controlándote cada euro, decidiendo cuándo gastaba ella un billete o prohibiéndole tener tarjeta explica una violencia de género distinta. Es lo que la ONU llama ‘violencia económica’, uno de los sometimientos más habituales y menos contados en el universo de la violencia machista.

El maltratador de María del Mar es la encarnación de estas comillas extraídas a varias legislaciones del mundo: “Cualquier acto u omisión del agresor que afecta a la supervivencia de la víctima y que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas”.

Aquel día de 2008 ella se armó de valor y abrió una cuenta propia con parte del dinero de la cuenta familiar. Unos ahorros que se habían nutrido sólo de sus ingresos como enfermera. Sin embargo, sentía que ese dinero no era suyo. Hacía 33 años que no era dueña de nada. Hoy, con su ex marido condenado por violencia de género, María del Mar sigue luchando en los juzgados para que el agresor de su vida no se lleve la mitad del dinero que ella aportó durante décadas a la economía familiar.

“Le conocí con 18 años y la primera vez que me pegó fue a los pocos meses, porque había hablado con otro chico”, cuenta María del Mar, con sus nuevos 58 años. “A partir de ahí, empezó a acompañarme a todos lados. No podía tener amigos ni ver mucho a mi familia. Una vez me dio un puñetazo en el párpado y me lo rompió. Camino al hospital, me decía la versión que teníamos que dar a los médicos”.

De puertas afuera, él era afable y accesible. El perfecto vecino. El amigo ideal. De puertas adentro… “Me violaba sistemáticamente. Me pegaba puñetazos y patadas. Me escupía. Me eructaba en la cara. Me arrancaba mechones del pelo. Me mordía hasta dejarme la piel en carne viva. Nunca me llamaba por mi nombre. Yo siempre era la hija de la gran puta, la zorra, la frígida…”.

El embarazo, la presión social de una capital de provincias y, sobre todo, el miedo empujaron hacia la boda. “Me convertí en una patosa para los demás. Siempre me estaba golpeando con las esquinas de las puertas, los manillares de las bicis o los salientes de las ventanas. Una vez le dije a su madre que su hijo me pegaba y ella me respondió que algo habría hecho yo para merecérmelo”.

Los especialistas cuentan que el maltratador no se conforma con dar palizas, abusar sexualmente y humillar. También quiere tener el control total sobre el dinero de la familia. Sabe que si la mujer que no ama decide plantarle cara, ella tendrá que huir a un piso de alquiler y subsistir como pueda. Quizá tenga que comprar un billete de bus o llenar el depósito del coche. O, si decide divorciarse, pagar abogados, peritos y tasas. Y todo eso cuesta dinero. Por eso se asegura de que nadie más acceda a él.

Anteayer, el Gobierno balear presentó el embrión de la Ley de Igualdad 2016, que, entre los tipos de violencia de género que define, incluye una de la que María del Mar sabe mucho: “La violencia económica es violencia machista. Es una forma de control más hacia la mujer. La ley la entenderá como tal cuando un hombre, por decisión intencionada, no pase la pensión de alimentos, vinculada habitualmente a los hijos. Se facilitarán los mecanismos para que la persona afectada, tras demostrar que padece este tipo de violencia, pueda acceder a otro tipo de renta de las administraciones, como la básica”, dijo el lunes en el Parlamento balear la presidenta del Govern, Francina Armengol.

“La casa y el coche los compramos con mi dinero. Él jamás puso un céntimo para ningún gasto familiar. Todos los ahorros que teníamos en el banco venían de mi trabajo y, por supuesto, a mí no se me podía ocurrir tocar ese dinero. Yo vivía con miedo“, dice María del Mar.

Hasta diciembre de 2012, cuando ella interpuso una denuncia por maltrato, su pareja se autoproclamó administrador único de unos ingresos que no eran suyos. “Siempre tenía que ser él quien hiciera la compra, quería tener un control total sobre cualquier cuestión de la casa. Yo le tenía que pedir dinero, aunque fueran 1.000 pesetas o 10 euros, para comprar cualquier cosa”.

 

Tras nueve años de noviazgo y 24 de matrimonio, María del Mar aprendió a encontrar refugios: el cuarto de baño era su cama cuando huía de los intentos de violación de su marido. Al otro lado, puñetazos, golpes, insultos… Pero, a veces, no daba tiempo: “La única ventaja que tenía el sexo es que después no me pegaba”.

El cordial vecino que saludaba en el ascensor también aprendió. Quitó las cerraduras de la casa para evitar que María del Mar tuviera escondite. A veces, a ella sólo le quedaba el balcón de una quinta planta para llorar y huir. “Tírate, venga. Tírate y así acabarás con esto”, decía él.

Y un día, al cumplir los 51, María del Mar hizo lo impensable: abrió una cuenta y traspasó parte del dinero de la cuenta común, esa a la que jamás había tenido acceso pese a ser cotitular. “Aún no sé cómo me atreví. Él controlaba todo el dinero que yo ganaba con mi nómina. Jamás tuve cartilla ni tarjeta de crédito. Me decía que yo no necesitaba dinero, que él me administraba”.

Su marido entendió, en cierto modo, el desafío. No eliminó patadas, ni puñetazos, pero bajó la intensidad de sus torturas físicas. Las psicológicas -insultos, vejaciones- y las económicas -el control y el monedero- mantuvieron su nivel de daño.

Pasaron otros cuatro años y tres consultas fallidas a abogados para que María del Mar denunciara al hombre que nunca la quiso. En el juzgado, la fiscal determinó que “no respondía al perfil de maltratada”, ya que poseía formación universitaria, trabajo fijo e ingresos estables. Él carecía de cualquier fuente de ingresos y era víctima de una “venganza”. Fue puesto en libertad sin cargos.

María del Mar alquiló un piso, pero en una ciudad pequeña todos se encuentran, sobre todo si te buscan. Él empezó a acosarla. “¿Qué podía hacer? Mi vida estaba aquí. La casa, mi hijo, mi trabajo, mi familia…”.

Pero cuatro meses después, el caso dio un vuelco. El recurso presentado permitió reabrir el caso y María del Mar pensó que la Justicia condenaría 37 años de violencia. En cambio, sin consultar con ella, su abogada llegó a un pacto con el letrado contrario para que no hubiera juicio penal. Así, se fijó la pena en un año y nueve meses de prisión (que el agresor nunca cumplirá), una indemnización de 3.000 euros y una orden de alejamiento de 250 metros.

Pese a la condena y a los informes de los detectives, que demostraron que el ex marido trabajaba de forma irregular manejando productos tóxicos para desinsectaciones, el agresor eterno de María del Mar siguió presionándola: “Ahora me pedía la mitad del dinero que había cambiado a mi cuenta y la mitad de mis ingresos, con pagas extra, en el último año que trabajé. Mi abogada quería acceder a sus peticiones, así que cambié de letrado. Ahora, tres años después de mi denuncia, estoy intentando terminar esta pesadilla”.

¿Y ahora qué, María del Mar? “Yo ya no puedo reiniciar mi vida, estoy rota por dentro. Pero, hace unos meses que, cuando camino por la calle, ya no miro hacia atrás”.

Detectives cazan al jefe de Bomberos de Torremolinos

El funcionario, acusado tras una investigación por detectives privados de realizar reparaciones a domicilio.

El Ayuntamiento de Torremolinos acordó suspender de empleo y sueldo durante un año al jefe de Bomberos por usar un vehículo oficial «para fines personales» tras una investigación iniciada a raíz de las quejas de algunos de sus compañeros. Las indagaciones incluyeron un seguimiento de casi dos semanas por parte de una empresa externa de detectives privados. La resolución, firme a nivel administrativo y emitida en julio, fue recurrida judicialmente por el funcionario, que responde a las iniciales A. D., acusado de ausentarse del trabajo para realizar reparaciones a domicilio.

La historia se remonta a septiembre del año pasado, cuando varios trabajadores del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento enviaron una carta al anterior alcalde, Pedro Fernández Montes, para informarle «del malestar generado» en el cuerpo «debido a las ausencias continuas durante más de un año» del jefe de Bomberos. Los partes diarios de novedades firmados por los capataces de los turnos entrantes y salientes revelaban que A. D. «asigna tareas de su competencia a sus subordinados y se ausenta del parque», sin que fuese posible transmitirle «cualquier asunto referido a emergencias o al quehacer diario».

Además, y siempre según el escrito, otro alto cargo de los Bomberos afirma «haber detectado anomalías en los gastos de los suplidos que nos asigna el Ayuntamiento y cuyo objetivo es realizar las compras necesarias para el mantenimiento y reparaciones del parque».

La carta desembocó en una investigación encargada a una empresa externa de detectives, que realizaron un seguimiento de once días a finales de septiembre. El informe de conclusiones destapa que el jefe de Bomberos tenía para su uso como vehículo oficial un Nissan con el que cada día, «entre las siete y media y las ocho menos cuarto de la mañana», salía de su domicilio con dirección al parque de Bomberos. Una hora después, según el informe de los detectives, A. D. «salía del parque y, en vehículo oficial, tomaba dirección, casi siempre por diferentes caminos, hasta su domicilio». Una vez allí, «y tras las oportunas observaciones por si había sido seguido», sacaba de los asientos de la parte delantera del coche «unas placas plásticas imantadas que colocaba a ambos lados de las puertas para tapar el anagrama del Ayuntamiento de Torremolinos». Los detectives sostienen que las ausencias del jefe de Bomberos se debían a que «trabaja realizando reparaciones a domicilio» para una empresa malagueña.

«Falta muy grave»

La resolución del Ayuntamiento, firmada por el alcalde, José Ortiz, y a la que este periódico ha tenido acceso, recoge las conclusiones de este informe. La secretaria accidental del Consistorio considera probada «la falta muy grave que se desprende del documento» y también «la falta grave consistente en la ausencia al trabajo», aunque no así la sustracción del material del servicio. El funcionario, readmitido mientras el caso se resuelve en los tribunales, se enfrenta a posibles sanciones que se establecerían «teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia que se revele en la conducta, el daño al interés público, la reiteración o reincidencia y el grado de participación» en los hechos.

El coche oficial del jefe de Bomberos ha sido rescatado por el nuevo equipo de gobierno, que lo ha convertido en un vehículo de intervención rápida que servirá para ofrecer servicio de asistencia sanitaria e irá equipado con desfibrilador, bala de oxigenoterapia, botiquines técnicos de adultos y pediátricos y extintor.

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La justicia avala que una madre accediera al Facebook de su hija para evitar un ciberacoso

Las redes sociales son un gran avance comunicativo, pero también están repletas de peligros, especialmente para los menores, que suelen estar más desprotegidos que los adultos ante los ataques de algunos desaprensivos. La mayoría de los padres son conscientes de que sus hijos pueden caer en esas trampas y el Tribunal Supremo ha confirmado ahora la validez como prueba, en un caso de delito de abuso sexual, de los datos obtenidos por una madre tras rastrear la cuenta abierta por su hija menor de edad en Facebook, a la que accedió sin que conste su permiso ante la sospecha de que la niña pudiera estar siendo víctima de ciberacoso.

Los hechos ocurrieron en Valls (Alt Camp), después de que Abel R. M. mantuviera un estrecho contacto con varias menores a través de esa red social y llegara a proponerles mantener relaciones sexuales. El acusado abusó de una menor y se mostró desnudo y se masturbó delante de otras niñas mediante una webcam en varias ocasiones, por lo que fue condenado a tres años de cárcel por la Audiencia de Tarragona po abusos sexuales y exhibicionismo. El agresor alegó entonces que en el juicio se había vulnerado el derecho a la intimidad, porque una de las pruebas había sido conseguida por la madre de una menor tras entrar la cuenta de Facebook de su hija sin su consentimiento. El Supremo ha desestimado su recurso en una sentencia.

Entre otras argumentaciones, el fallo establece que no puede considerarse ilícita una prueba cuando la afectación a la intimidad proviene de un particular que está autorizado para acceder a ese ámbito de privacidad que desvela, aunque abuse de la confianza concedida.

SIGNOS DE ACTIVIDAD CRIMINAL

En este sentido, indica que la madre accedió a esa cuenta ante los signos claros de que se estaba desarrollando una actividad presuntamente criminal en la que no cabía excluir la victimización de su hija. Por todo ello, el alto tribunal afirma que no puede el ordenamiento hacer descansar en los padres unas obligaciones de velar por sus hijos menores y al mismo tiempo desposeerles de toda capacidad de control en casos como el presente, en que las evidencias apuntaban inequívocamente en esa dirección.

Del mismo modo, la sentencia afirma que la menor titular de la cuenta no protestó por esa intromisión en su intimidad, sino que además ha refrendado con sus declaraciones el contenido de esas comunicaciones.

El fallo de la Sala de lo Penal del Supremo señala que estamos anteespacios de privacidad e intimidad, pero que esos derechos, como cualquier otro, pueden verse sometidos a restricciones en aquellos casos en los que se constata la existencia de un interés constitucionalmente prevalente al interés de la persona en mantener la privacidad de determinada información.

Asimismo, asegura que no se ha determinado cómo llegó a conocimiento de la madre la clave de su hija, aunque considera fundado que ésta o una hermana se la comunicaron de forma voluntaria, descartando que la conociera a través de artilugios o métodos de indagación informática al margen de la voluntad de la titular de la cuenta.

CITA CON UNA JOVEN DE 15 AÑOS Y OTRA DE 7

La sentencia desestima el recurso presentado por Abel R. M., que también tuvo que hacer frente al pago de una multa de 1.545 euros. Según los hechos probados, el hombre contactó en Facebook con la menor, que entonces tenía 15 años, ante la que se desnudó ymasturbó, utilizando para ello la webcam de su ordenador.

Posteriormente quedó con la niña y con una amiga, de 7 años, para mantener relaciones sexuales con ambas en los alrededores de un parking de Valls. En distintas fechas mantuvo conversaciones en Facebook con otras cuatro menores ante las que igualmente se mostró desnudo, pidiéndoles que éstas les enviaran fotografíasdesnudas o en ropa interior.

En su recurso, el condenado solicitó, que se anularan como prueba los citados mensajes, alegando que se había accedido a los mismos sin autorización de la menor y que, por tanto, se había vulnerado elderecho a la intimidad de los comunicantes.

 

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